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Por Sandra Burgos Camargo CEO HIS Consulting Colombia enfrenta una decisión trascendental Durante más de tres décadas, el sistema de salud colombiano ha construido sus procesos de aseguramiento, prestación, financiamiento y acceso sobre modelos operativos que, con múltiples ajustes, permitieron ampliar cobertura, desarrollar capacidades institucionales y consolidar una de las infraestructuras sanitarias más robustas de América Latina. Sin embargo, el contexto actual plantea una realidad diferente. La presión financiera acumulada, el crecimiento de la carga de enfermedad, la fragmentación de los procesos de atención, las brechas de acceso, el envejecimiento poblacional y la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos han llevado al país a uno de los procesos de transformación regulatoria más profundos desde la expedición de la Ley 100 de 1993. La discusión pública suele concentrarse en la incertidumbre política o en los efectos inmediatos de cada nueva norma. No obstante, existe una lectura más estratégica que merece atención: las disposiciones expedidas durante los últimos meses no deben analizarse como cambios aislados, sino como componentes de una nueva arquitectura operativa del sistema de salud colombiano. Normas como la Circular 17 de 2026, la Circular 19 de 2026, la Resolución 948 de 2026 y la Circular 21 de 2026 reflejan una intención común: migrar desde un sistema basado en procesos fragmentados hacia un modelo soportado en trazabilidad, interoperabilidad, evidencia y capacidad de supervisión en tiempo real. La verdadera pregunta ya no es si el sistema cambiará. La pregunta es si los actores están preparados para operar bajo las nuevas reglas. Más que nuevas normas: una nueva lógica de funcionamiento Lo que hoy ocurre en Colombia trasciende la actualización regulatoria. Estamos observando la convergencia de tres grandes transformaciones estructurales. La primera corresponde a la evolución del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), que deja de ser un instrumento predominantemente estadístico para convertirse en un elemento transaccional y verificable dentro del reconocimiento financiero de las atenciones. La segunda es la consolidación del Registro de Demanda de Atención (RDA), concebido como un mecanismo que permite capturar de forma estructurada la necesidad asistencial de la población y las decisiones clínicas adoptadas por el talento humano en salud. La tercera transformación corresponde a la redefinición del ecosistema de prescripción y autorización, donde herramientas como MIPRES evolucionan hacia funciones más específicas dentro de un entorno de interoperabilidad que integrará información clínica, operativa y financiera. A ello se suma el fortalecimiento de mecanismos como SIIFA y la expansión de la factura electrónica de venta como elementos fundamentales para la validación, reconocimiento y seguimiento de los recursos públicos destinados a la atención en salud. En conjunto, estos instrumentos buscan responder a una pregunta que históricamente ha sido difícil de resolver para el sistema: ¿Puede demostrarse de manera objetiva, verificable y auditable que una necesidad en salud identificada fue efectivamente atendida, suministrada, financiada y pagada? La respuesta futura dependerá de la calidad de los datos y de la capacidad operativa de los actores. El fin de la gestión basada en la opacidad Uno de los cambios más profundos que introduce esta nueva generación normativa es la transición desde modelos basados en declaraciones hacia modelos basados en evidencia verificable. Durante años, gran parte de las discusiones del sector giraron alrededor de autorizaciones, facturación, glosas, conciliaciones y procesos de auditoría retrospectiva. El nuevo escenario busca desplazar el foco hacia la trazabilidad integral del proceso asistencial. La atención médica, la prescripción, el direccionamiento, la programación, la dispensación, la administración, el seguimiento clínico, la facturación y el reconocimiento financiero comienzan a formar parte de una misma cadena de información. Esto modifica profundamente la manera como EPS, IPS, operadores logísticos, gestores farmacéuticos, industria farmacéutica y entidades de vigilancia deberán relacionarse entre sí. Ya no bastará demostrar que un servicio fue contratado. Será necesario demostrar que fue efectivamente recibido por el paciente. Ya no bastará reportar una dispensación. Será necesario evidenciar continuidad terapéutica y oportunidad en la entrega. Ya no bastará presentar una factura. Será necesario demostrar coherencia entre el evento clínico, el registro asistencial y la transacción financiera. La inacción se convierte en un riesgo sistémico Toda transformación genera resistencia. Es natural que existan dudas sobre la viabilidad operativa, los tiempos de implementación o la capacidad tecnológica requerida. Sin embargo, la mayor amenaza para el sistema no es el cambio regulatorio. La mayor amenaza es la falta de adaptación. Persistir en modelos operativos diseñados para una realidad regulatoria que está desapareciendo puede generar consecuencias relevantes para todos los actores: La sostenibilidad futura dependerá cada vez más de la capacidad para gestionar información de calidad y traducirla en decisiones oportunas. El verdadero desafío: transformar la operación La discusión nacional suele enfocarse en la regulación. Sin embargo, la regulación por sí sola no transforma sistemas. Lo que transforma sistemas es la capacidad de convertir las normas en procesos funcionales. Por ello, el principal reto de los próximos años será operacional. Los actores deberán avanzar en cinco grandes frentes: 1. Rediseño integral de procesos La trazabilidad no puede construirse mediante actividades adicionales o reprocesos.  Debe incorporarse desde el diseño mismo de los flujos asistenciales y administrativos. 2. Nuevos acuerdos entre actores La interoperabilidad requiere reglas compartidas.  EPS, IPS, operadores logísticos, gestores farmacéuticos e industria deberán redefinir responsabilidades, puntos de control y mecanismos de seguimiento. 3. Gobierno del dato La calidad del dato clínico se convertirá en un factor crítico de sostenibilidad. Errores en el origen terminarán afectando auditorías, reconocimientos financieros y procesos de vigilancia. 4. Gestión basada en resultados El sistema necesita evolucionar desde modelos centrados exclusivamente en volumen o precio hacia esquemas orientados a resultados en salud, continuidad terapéutica y generación de valor. 5. Analítica y monitoreo permanente La supervisión del futuro será preventiva y predictiva. Las organizaciones que desarrollen capacidades analíticas tendrán ventajas significativas para anticipar riesgos y corregir desviaciones. Una oportunidad que pocas veces se presenta A pesar de las tensiones que rodean el debate actual, existe una oportunidad histórica que merece ser reconocida. Por primera vez, Colombia está construyendo simultáneamente: Si estos elementos logran

Por: SANDRA BURGOS CAMARGO CEO HIS CONSULTING SAS Una mirada analítica, estratégica y crítica sobre los posibles escenarios del sistema de salud colombiano frente a las candidaturas presidenciales de 2026. Colombia entra al 2026 enfrentando uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La inseguridad, la incertidumbre institucional, la tensión económica, la polarización política y la pérdida progresiva de confianza ciudadana han configurado un entorno particularmente desafiante para todos los sectores. Sin embargo, probablemente ningún sector refleja con tanta claridad estas tensiones como el sistema de salud colombiano. Hoy el país vive una combinación crítica de: Paradójicamente, muchas de estas situaciones no son completamente nuevas. Se sienten familiares. Como si el sistema estuviera atrapado en ciclos repetitivos que aparecen una y otra vez bajo distintos gobiernos, distintos discursos y distintas reformas. En este punto resulta inevitable recordar una de las reflexiones más conocidas de Carl Jung: “La vida te presentará los mismos problemas, conflictos y tipos de personas, hasta que logres extraer la lección que necesitas”. Y quizás esa sea precisamente la situación actual del sistema de salud colombiano. Porque la discusión dejó de ser ideológica y pasó a ser existencial. El sistema agotó gran parte de su capacidad de respuesta.  El modelo de aseguramiento construido alrededor de la Ley 100 permitió durante décadas ampliar cobertura, desarrollar infraestructura y consolidar capacidades técnicas importantes. Sin embargo, también acumuló distorsiones estructurales que hoy se hicieron visibles de forma simultánea: Lo verdaderamente relevante del momento actual es que, incluso entre actores con visiones políticas profundamente distintas, empieza a existir un consenso técnico silencioso: “El sistema, tal como funciona hoy, agotó buena parte de sus capacidades de respuesta”. El foro impulsado por La Fundación Santa Fe, La Cardio y Capitol tuvo un valor enorme precisamente porque logró algo poco frecuente:  Una conversación más técnica que política. La presencia de representantes en salud de candidaturas presidenciales con alta intención de voto permitió observar no solamente diferencias ideológicas, sino algo mucho más importante:  Las bases conceptuales sobre las cuales podrían construirse los próximos años del sistema de salud colombiano.   Y quizás el hallazgo más importante fue identificar qué elementos parecen inevitables independientemente de quién gane las elecciones. Aunque existen diferencias importantes sobre: Hubo un consenso transversal:  El sistema necesita un plan de choque inmediato. Hoy no existe capacidad política, financiera ni operativa para esperar únicamente una reforma estructural de largo plazo mientras continúan deteriorándose variables críticas como: La migración de profesionales de salud hacia otros países, el agotamiento institucional y la insolvencia progresiva de múltiples actores son señales de alarma demasiado evidentes para seguir siendo ignoradas. A esto se suma otro fenómeno particularmente grave:  el incremento de enfermedades de alto costo, crónicas y complejas en un sistema que perdió parte de su capacidad real de anticipación y gestión poblacional. El país enfrenta hoy un incendio operativo antes que un debate doctrinal.  Y precisamente allí apareció uno de los mensajes más sensatos del foro:  Separar la discusión de supervivencia inmediata del sistema de la discusión estructural de transformación futura. Si existió un eje transversal en prácticamente todas las intervenciones, fue la territorialización.  No necesariamente entendida igual por todos, pero sí reconocida como un elemento irreversible. La gran conclusión es contundente:   Colombia no puede seguir gestionando salud bajo una lógica homogénea para territorios profundamente distintos. No es equivalente gestionar: Bogotá, Guainía, La Guajira, el Pacífico, Medellín, el Eje Cafetero o zonas rurales dispersas.   Los determinantes sociales, capacidades institucionales, infraestructura, dispersión poblacional y perfiles epidemiológicos son completamente distintos. Quizás el mayor error del debate nacional ha sido creer que la territorialización se resuelve únicamente con nuevas normas.  La realidad es otra:  la territorialización requiere capacidad operativa, gobernanza, coordinación y voluntad política. El verdadero debate ya no es si debe existir territorialización.  El debate real es: Uno de los cuestionamientos más reiterativos fue precisamente la dificultad de implementar estrategias territoriales desde modelos excesivamente centralizados y poco concertados con gobernadores, alcaldes y actores regionales. Y allí apareció una reflexión importante: “La territorialización no puede imponerse; debe construirse”. Durante años, gran parte del sistema interpretó la Atención Primaria en Salud (APS) como un concepto teórico, preventivo y difícil de operacionalizar. ¡Eso cambió!  La conversación mostró que hoy la APS empieza a ser entendida como una herramienta real de gestión poblacional del riesgo. El lenguaje evolucionó hacia: Especialmente relevante, fue el reconocimiento de que patologías como: VIH, Cáncer, Enfermedades Huérfanas, y crónicas no transmisibles, requieren modelos de anticipación y seguimiento continuo, y no únicamente atención reactiva. La discusión dejó otro mensaje profundamente importante:  La APS no es responsabilidad exclusiva de EPS o entidades territoriales. Es responsabilidad de todos los actores del sistema. IPS públicas y privadas también deben asumir un papel activo en:            prevención, seguimiento, adherencia, educación, monitoreo, y gestión temprana del riesgo. La discusión más profunda: ¿queremos salud o queremos protección social? Uno de los aportes conceptuales más interesantes del foro apareció alrededor de los límites del sistema. Porque Colombia construyó progresivamente una expectativa de bienestar integral sobre un sistema con recursos limitados y una UPC finita.  Y allí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Hasta dónde debe llegar el sistema de salud y dónde empiezan las responsabilidades de otros sectores? Muchos determinantes críticos del bienestar: No dependen realmente del sistema de salud, aunque terminan impactándolo financiera y operativamente.  El problema es que históricamente el sistema terminó absorbiendo cargas que pertenecen a otros sectores del Estado, y esa discusión puede convertirse en uno de los debates estructurales más importantes de los próximos años. Aquí aparecieron las diferencias más profundas entre las posturas políticas. La visión cercana a Iván Cepeda – Dr. Román Vega Fue probablemente la postura más cercana a la lógica estructural de la reforma impulsada por el actual gobierno.   Los principales ejes que describe: La premisa central es clara:  el sistema trasladó excesivamente el riesgo financiero hacia IPS y pacientes.   Desde esta mirada, la crisis actual no es solamente financiera. Es una consecuencia del diseño institucional. La propuesta plantea: mecanismos de estabilización financiera, saneamiento parcial, control más